2- DEL ESTADO BENEFACTOR AL ESTADO MÍNIMO
La relación Estado - Mercado Educación
Graciela M. Fernández*
Elementos para el análisis de la relación estado - mercado
Para comprender la actual relación entre el estado, el mercado y la educación en nuestro país es necesario realizar un breve recorrido histórico que permita caracterizar el desarrollo político y económico de América Latina en los últimos 150 años.
Las sociedades Latinoamericanas tuvieron una integración tardía al sistema capitalista mundial, la que puede ubicarse en el último tercio del siglo XIX. Dichas sociedades fueron en algunos casos creadas y en otras reorganizadas radicalmente desde el Estado. Estados Nacionales y clases burguesas se formaron simultáneamente como parte de la integración plena del sistema mundial.
Tomando las categorías que utiliza Marcelo Cavarozzi [1] la construcción, desarrollo y crisis de este capitalismo tardío se puede analizar desde la perspectiva política y económica, en tres estadios: capitalismo oligárquico, matriz estado- céntrica, descentralización.
Capitalismo oligárquico:
proceso que abarcó principalmente la construcción de las instituciones del
Estado Nacional y la formación de la clase dominante ( burguesías nacionales
asociadas con capitales extranjeros).
Las políticas estatales fueron los instrumentos de conformación y producción
de los intereses y valores de las burguesías dominantes. El Estado operó como
una herramienta de exclusión ya que el grueso de los asalariados, campesinos,
pobres urbanos y sectores medios quedaron fuera de la política. De allí el
carácter contradictorio del sistema que “educó al soberano” prometiendo la
expansión de la ciudadanía civil y política y en los hechos excluyó a las
mayorías a través del fraude electoral y las restricciones a las libertades de
expresión y asociación. El mercado, por su parte, si bien incorporó vastos
sectores, destruyó para ello la vida social campesina y generó nuevas
desigualdades.
Matriz Estado –
Céntrica: a principios del siglo XX las demandas de reforma democrática
generaron un proceso de transformaciones, el Estado perdió el carácter
excluyente del período oligárquico y tendió a universalizarse, la política se
organizó a través de una fuerte intervención y regulación del Estado. No es
que se eliminaron las diferencias de clase pero sí se incorporó a los sectores
medios y populares (especialmente a los urbanos) a la vida política.
El Estado apareció como mediador de una extensa red de relaciones entre los
distintos actores sociales. La política económica del estadocentrismo se
caracterizó por su afán en evitar el conflicto, lo que significó la inflación
económica, y por la exacerbación de los grandes discursos ideológicos
antagónicos que entendían a la política como una guerra (fascismo/
liberalismo, socialismo/ capitalismo, populismo/ ideologías nacional –
populares).
El colapso de la Matriz Estado Céntrica estuvo asociado a procesos de
desorganización económica y crisis fiscal. En la década del ´70 se producen
fuertes estallidos en Chile y Argentina como consecuencia de la exacerbación
de los conflictos, crisis que se extendió por todo Latinoamérica, las
democracias al no poder controlar la situación no logran consolidarse, el
autoritarismo gana terreno y el Estado paulatinamente se va corriendo.
Descentralización: a partir de la segunda mitad de la década del ´70 comienza a generarse un proceso de descentralización del estado que tiene que ver tanto con lo económico como con lo político. En el plano económico el estado se achica en un triple sentido: reduciendo las actividades productivas y de servicios que desarrollaba directa o indirectamente, desarmando los mecanismos públicos y desplazando las decisiones económicas hacia organismos internacionales.
En la etapa Estado-céntrica el qué y el cómo de la política eran claros, había modalidades de hacer política que fueron arrasados en los ´80 en principio porque era necesario administrar la crisis pero también por procesos de desintegración de los ciudadanos y desubicación de los políticos. La política pierde sentido como organizadora de la vida cotidiana y los dirigentes políticos y líderes populares continúan funcionando como si la política estado céntrica no se hubiera aniquilado, tienen así prácticas clientelistas y discursos tradicionales alejados de las demandas sociales.
La relación estado - mercado educación en la historia de la educación argentina
Durante la etapa del capitalismo oligárquico en la Argentina se construyó y desarrolló el sistema educativo con la base legal de la Ley de educación común 1420 (1884) que impuso los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la enseñanza. De esta forma durante un período político- económico excluyente, se integró, a través de la educación formal, a bastos sectores de la población bajo los principios del orden y el progreso. (Oszlak [2])
La fundación y organización del sistema educativo argentino vino acompañada de la idea que solo era posible una sociedad moderna, racional, ordenada y con crecimiento económico si su pueblo recibía educación en los valores nacionales para anteponer así los intereses de la nación a los intereses particulares, ya sean estos personales, de un grupo o de un sector.
Este optimismo pedagógico al que se refieren, entre otros, autores como Tedesco, Caruso y Dussel[3], no se acaba con este período, muy por el contrario, a partir del cambio político que genera lo que hemos descrito como matriz estado- céntrica, cobra aún mayor fuerza.
Las demandas de democratización de la vida política de los sectores excluidos de la misma que se da en esta etapa, caracterizada por un significativo crecimiento de la ciudad a consecuencia del impacto migratorio que trae a estas tierras los movimientos sindicales y anarquistas, se ven plasmadas en 1912 con la Ley Saenz Peña la del sufragio universal, secreto y obligatorio (universalidad que no llega a la mujer quien continuará excluida de la vida política hasta 1949).
El malestar social también llega a la Universidad. La Reforma del ´18 [4]es producto de un proceso dialéctico, el mundo había cambiado radicalmente desde la guerra mundial demostrando la crisis del nacionalismo exacerbado y de la ilusión de progreso gradual e indefinido, los regímenes absolutos caen y el éxito de la revolución Rusa encuentra eco en los jóvenes, el estado gendarme cede el paso al estado social , el malestar de los jóvenes por una Universidad elitista, centrada en los profesores y con alta incidencia de la iglesia, genera demandas de mayor participación en la vida de la universidad, democratización y autonomía constituyen así los pilares del movimiento reformista que tuvo su origen en Córdoba pero se expandió no solo a todo el país sino al resto del continente.
El estado fuertemente centralizado en este período no solo intervino en todas las esferas sino que a través de medidas redistributivas de corte igualitario asumió el rol de Estado Benefactor asegurando la protección colectiva, desde este lugar detentó la hegemonía en los proyectos de instauración y expansión de la enseñanza, especialmente la brindada por el subsistema primario.
Entre 1949 y 1955 se produce una significativa expansión de la enseñanza: los cambios cualitativos en el crecimiento industrial traen aparejada la incorporación de los sectores rurales y de las mujeres a la masa obrera urbana, los inmigrantes del interior y las mujeres son incluidos al sistema educativo. Por otro lado la activación política de los trabajadores asalariados en el sector industrial produce demanda educativa que expande la matrícula de la educación profesional y técnica. La Universidad obrera toma fuerza.
Esta suerte de oleada de inclusión educativa coloca a la Argentina como uno de los países con mayor índice de escolarización primaria, hacia 1960 el 85% de la población correspondiente se hallaba incorporado a este subsistema.
La dinámica de crecimiento del nivel primario permitió que el acceso al nivel secundario esté al alcance de los sectores medios; las demandas de formación técnico- profesional de la clase obrera para mejorar la producción generaron la diversificación de la oferta educativa creando escuelas técnico- profesionales de corta duración dentro de la modalidad industrial; el bachillerato, al que en este período también acceden las capas medias, se consolida como el paso reservado para el acceso a la universidad.
La teoría del capital humano, que se extiende en América Latina en la década del ´60, desarrolló la idea de la necesidad de la formación de los recursos humanos para lograr el crecimiento económico de un país. En este sentido los países ricos debían realizar inversiones en los pobres para mejorar las economías regionales por efecto “derrame”. La Alianza para el Progreso se enmarca en estos principios.
El desarrollismo tomó cuerpo en las políticas educativas, la educación se pensó como una inversión rentable que permitiría el camino del subdesarrollo al desarrollo, sin medir las consecuencias que traería la dependencia económica de los países centrales para la economía nacional. Argentina se convirtió así en un país en “vías de desarrollo”.
Hasta 1975, a pesar de las dificultades financieras y la crisis política, el Estado, que le adjudicaba un alto valor al papel de la educación en el crecimiento del país, se hizo responsable de su provisión.
Como hemos visto anteriormente para esta época el Estado benefactor había mostrado sus límites, las grandes demandas sociales y la grave crisis económica no permitieron que el Estado atienda sus funciones sociales elementales, la matriz Estado- céntrica llega a su fin. El golpe de estado de 1976 coloca a la Argentina en un autoritarismo jamás vivido hasta el momento, autoritarismo que se reflejó en todos los órdenes y que no fue ajeno al campo educativo.[5]
Entre 1976 y 1982 el problema financiero para enfrentar el financiamiento de la educación se atribuyó a la ineficiencia del gasto, se interpretó que este gasto no se encontraba racionalizado, a partir de esta apreciación del problema se generaron políticas de subsidiariedad del Estado en la prestación (no así en el control ideológico) de los servicios educativos. Se incrementó la responsabilidad de la sociedad civil (familia, iglesia) en la provisión de educación fomentando la enseñanza privada; se transfirieron las escuelas primarias del ámbito nacional al provincial; se incorporó a la comunidad en el mantenimiento de la infraestructura educativa y se avanzó en el arancelamiento de los estudios universitarios.
De esta forma el Estado, en materia educativa debía cumplir una función supletoria, compensatoria de la acción de los particulares.
La aplicación del principio de subsidiariedad trajo aparejada una significativa disminución de la oferta de oportunidades educativas y una importante retracción de la matrícula en los niveles y modalidades más altos del sistema. Cuantitativamente la universidad y la educación de adultos fueron las que sufrieron las bajas más significativas.
Como consecuencia de que las provincias no contaban con los recursos necesarios para afrontar la provisión de la educación primaria, se generaron diferencias cualitativas muy importantes entre provincias ricas y provincias pobres en cuanto a la calidad de los servicios y sueldos docentes.
El deterioro de la investigación en general y la educativa en particular producto del bajo nivel académico generado por la expulsión de profesores, censura bibliográfica, persecución ideológica y otras prácticas autoritarias, provocaron un notorio aislamiento teórico de los centros de formación universitaria en educación, en relación con la evolución y discusión de estos temas en el campo internacional. La pobreza en educación no se limitó entonces a los aspectos financieros sino que afectó directamente al campo de producción teórica.
La calidad del servicio educativo se vio notablemente dañada, se vació la educación de contenidos socialmente significativos especialmente en lo que respecta a la enseñanza destinada a las clases populares; se buscó imponer el orden jerárquico y la autoridad a través de la regulación de los comportamientos escolares; el bajo rendimiento, el fracaso en los estudios y los altos índices de deserción fueron las consecuencias directas de este accionar.
EL Estado Mínimo
En la segunda mitad de los ´80 y principios de los ´90 la situación económica, social y política sufre un profundo cambio en América Latina, estamos en presencia de un escenario neoliberal regido por un nuevo imperativo universal la globalización de los procesos productivos, comerciales y financieros a escala mundial, la obediencia a la lógica del mercado. Este período se caracteriza por políticas de ajuste, el redimensionamiento del Estado, la libertad de los mercados de las trabas estatistas y por promover la eficiencia y la competitividad en todos los ámbitos de la vida social.
El Estado argentino no ha sido ajeno a esta lógica, en este marco ya no se discute la necesidad de su reforma o el sentido de su orientación sino se impone la retirada del estado a sectores y quehaceres que no tienen interés para el sector privado. Tomando el concepto de Quiroga[6] se plantea la ilusión del “estado mínimo”, del estado prescindente.
La pregunta central que se plantea el autor es ¿Cuáles son hoy los límites del estado?
El neoliberalismo intenta hoy fijar los límites de actuación del Estado instaurando la figura de actuación de la libertad económica cuyo razonamiento principal es: sin libertad económica no hay libertad política, sin economía de mercado no hay democracia posible. Sin embargo la historia demuestra que la libertad económica no es un requisito de la democracia y que la abolición de los mercados tampoco asegura la vigencia de las libertades políticas y civiles ni el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La acción del estado depende de sus posibilidades financieras, entonces los límites del Estado dependen de la riqueza o pobreza de un país. Con este discurso racionalizar el gasto público es la primera misión para que el estado no malgaste sus finanzas.
Ahora bien los límites que separan al Estado del Mercado, lo público de lo privado no son inamovibles, son categorías históricas. La idea de una sociedad autorregulada por el mercado lleva a que distintas capas de la población queden excluidas y solo promueve la desintegración social. Pero es necesario comprender que mercado y sociedad no son términos antagónicos, la historia nos muestra que el mercado solo puede funcionar en una sociedad que atiende la salud, la educación, la seguridad social y la calificación de la fuerza de trabajo. La paz social, la equidad del gasto público y la redistribución del ingreso son requisitos para el buen funcionamiento del mercado.
Mercado y sociedad viven en permanente tensión, por un lado el mercado actúa como un factor de cohesión social y por el otro es un mecanismo de disolución social.
Quiroga realiza una crítica que no va dirigida al mercado como institución sino al proyecto de mercado autorregulador afirmando que... “ No se ha demostrado, en el largo plazo, que las leyes del mercado puedan conducir a una armonía natural de intereses sin aplicar algunos principios de redistribución social y sin permitir la acción del Estado en la promoción del éxito económico. En consecuencia, el mercado no puede desplazar por completo el papel del estado en el crecimiento económico ni en la aplicación de políticas sociales”[7].
Otro concepto que aparece como contrapuesto al de mercado es el de intervención estatal. Al respecto, los mismos representantes del liberalismo económico han puesto en las regulaciones del Estado la manera de asegurar el mantenimiento del mercado.
El mercado no es una institución neutra, ni es capaz de responder a todo, para que sea posible la actividad económica son necesarias: normas jurídicas, obras de infraestructura, mecanismos de control que solo pueden estar a cargo del Estado.
Las reglamentaciones deben evitar los abusos del mercado protegiendo a los más débiles, sin intervención no es posible controlar los efectos negativos o desintegradores que el mismo puede tener.
Volviendo al caso argentino durante la etapa estado- céntrica populistas y desarrollistas impulsaron la modernización apoyados en el Estado. Hoy en cambio el liberalismo conservador propugna una modernización asentada en el mercado.
“La reforma que realizó el actual gobierno destruyó el modelo estatal de desarrollo, basado en la expansión del sector público (nacido en la década del ´30), para sustituirlo por un modelo privado de gestión que activa al mercado como principio único de regulación macrosocial. El ajuste estructural, la reducción del déficit fiscal, la liberalización de los mercados, la flexibilización de las relaciones laborales y la búsqueda de inserción en el mercado internacional, conforman los pilares principales de la estrategia neoliberal. Aunque la misma ha alcanzado algunos éxitos en los indicadores macroeconómicos y en la estabilidad monetaria, evidencia enormes déficit en la construcción de una política de crecimiento y profundas fallas en la capacidad de integración social.”[8]
Centrar el bienestar en lo material trae como corolario la imagen de un individuo insolidario, apático, desinteresado por los asuntos comunes de la sociedad y la exclusión de amplios sectores de la población tanto al mercado del trabajo como a la protección social.
Quiroga utiliza el concepto de “capitalismo acotado” para referirse a la forma de organización capitalista que incluye a unos pocos, donde los excluidos, los expulsados de este sistema deambulan por fuera del circuito a la caza de distintas formas de sobrevivencia, sin ninguna seguridad colectiva.
Este capitalismo acotado viene acompañado en nuestro país de la crisis del modelo estatal de desarrollo y de la crisis de lo político, los partidos políticos han perdido legitimidad, los dirigentes no resultan creíbles, la sociedad se encuentra cada vez más frustrada y decepcionada.
Estamos en presencia de un Estado pasivo, pro- mercado, se ha logrado el ordenamiento económico, ineludible, a través de la reducción del déficit fiscal y la búsqueda del equilibrio macroeconómico, pero se ha desmantelado el Estado sin que se defina una estrategia de desarrollo donde se le asigne un lugar a lo público.
El Estado pasivo se retira y resigna desempeñar su actuación en cuatro direcciones fundamentales: control de las empresas privadas, inversiones públicas, inserción internacional de la producción e inversión en conocimientos. De esta forma está dejando de lado su papel como regulador macrosocial.
Dado que el problema se plantea en la relación entre el estado y la sociedad cabe preguntarse ¿Cuál sería la alternativa a este Estado Mínimo?
“ Frente al desgarramiento que sufren las sociedades contemporáneas creo que hay que insistir en un campo de indagación que apuntale la construcción de nuevos espacios que permitan a los hombres acercarse unos a otros y ese lugar de encuentro es el espacio de lo público....Se trata de mostrar la relevancia que adquiere la esfera de lo público como lugar de reconstitución de la política y como lugar de repolitización del ciudadano frente a la actual degradación de la política y la crisis de representación”[9]
Este autor introduce el concepto de Estado Inductor como una alternativa al Estado pro- mercado. Este Estado inductor, pro- ciudadano debe inducir a los individuos a realizar por ellos mismos sus objetivos, promoviéndolos como participantes del espacio público. Esto no implica dejar de reclamar al Estado la restitución de políticas sociales sino de rehacer los nexos de solidaridad en espacios públicos de participación de los ciudadanos con el propósito de mejorar su calidad de vida.
La imagen del Estado inductor no es aquella que postula la propiedad del estado, ni propicia un Estado de gastos. Su papel fundamental es crear las condiciones para el desarrollo a través de obras de infraestructura, la generación de oportunidades de inserción en el mercado mundial y la potenciación de los mercados nacionales garantizando su autonomía.
La relación estado- mercado educación en la actualidad
Ya se han enumerado los cambios sustantivos que se producen en el estadio de la descentralización de estado y como repercute el accionar del Estado mínimo, acotado, en la esfera social, falta analizar cual es la relación que se establece actualmente entre el mismo y la educación.
Con la vuelta a la democracia, las demandas de educación de todos los sectores que habían quedado excluidos por el autoritarismo generan, más allá de la crisis económica, un incremento notable de la matrícula. Se eliminan las restricciones de acceso a la Universidad, la que rápidamente se masifica; se amplía el acceso a la educación primaria buscándose al mismo tiempo reducir los índices de deserción y fracaso escolar; se democratizan todas las prácticas; se modificaron planes y programas de estudio y la escuela vuelve a cumplir funciones asistencialista.
En este contexto de apertura política e inclusión social los problemas económicos no ceden, el déficit fiscal aumente día a día y los problemas presupuestarios se hicieron sentir en el ámbito educativo: edificios deteriorados, aulas superpobladas, docentes con bajísimos salarios, etc.
Las medidas que se tomaron en el país en el período 1986-1988 tendientes a la reducción del déficit fiscal, tomaron como elemento central los lineamientos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Esta política consistía en la reducción del gasto público a través de la reasignación de recursos (especialmente en materia de educación y salud) y la recaudación de impuestos directos al consumo, lo que permitió recaudar más fondos para el pago de la deuda externa.
La crisis económica de los ´80 y las políticas de ajuste de los ´90 generaron la aparición de nuevos pobres y hundieron en la pobreza más extrema a quienes sostenían precarias condiciones de vida. El paradigma economisista de los ´70 llega a su fin, la inversión de los países ricos en los países pobres lejos de provocar el desarrollo económico de estos últimos terminó por ahondar la pobreza y sumir a las economías nacionales y regionales a la más absoluta dependencia de los intereses multinacionales.
Nace un nuevo paradigma: el del Desarrollo Humano[10], el cual entiende que el desarrollo económico de un país depende de la inversión que se realice en los recursos humanos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y especialmente la educación. Se ponen en marcha entonces nuevas políticas sociales encaradas por los organismos internacionales.
En los ´90 la intervención del Banco Mundial en América Latina está dirigida especialmente a la educación básica, entendiendo que la educación da a la gente la oportunidad de ser más productiva, escapar de la pobreza y mejorar la calidad de vida. Los préstamos están orientados a mejorar el acceso a la educación primaria y a aumentar la eficiencia del sistema.
Partiendo de la idea que vivimos en un mundo cambiante donde la ciencia y la tecnología ofrecen día a día nuevos desafíos, donde el conocimiento rápidamente se vuelve obsoleto, donde las comunicaciones y la informática hacen del mundo un lugar sin límites ni fronteras, la educación cobra un papel protagónico. En esta nueva sociedad de conocimientos la educación es prioritaria, claro no la educación “tradicional”, la que brindaba conocimientos acabados, sino la que proporciona las herramientas para adaptarse al cambio, para competir en el mercado.
Para Norma Paviglianiti[11] los ´90 se presentan como el fin de la democracia ampliada, plantea que mientras en lo económico rige el liberalismo, en lo político- social predomina el neoconservadurismo que utilizando un discurso en apariencias progresista excluye a amplios sectores y las subordina al control del mercado. El estado neoconservador debe mantener el control de la educación pero a la vez deshacerse de su financiamiento. Para la autora subyace una concepción instrumentalista de la democracia donde lo importante es aplicar medidas asistencialistas en los sectores de “alto riesgo”.
En las décadas pasadas para modernizar y mejorar la educación se imponía realizar cambios en la administración, la planificación y los currículos. Hoy el Estado debe encargarse del control de la eficiencia y de la calidad del sistema, debe pasar de ser un Estado proveedor de servicios educativos a convertirse en un Estado Evaluador[12]de los mismos, para la toma de decisiones. El Banco Mundial a través de consultorías y seminarios nacionales y regionales promueve la evaluación del sistema educativo especialmente en lo que se refiere a su eficiencia y calidad, las que son medidas a través de indicadores que desconocen nuestra historia y realidad.
Los diagnósticos realizados a través de estas evaluaciones dan como resultado un sistema educativo ineficiente y de bajísima calidad. Así, por ejemplo, se probó el deterioro de la calidad a través del resultado de las evaluaciones tomadas a los alumnos del nivel medio (´92-´93) las que han puesto en evidencia un bajo nivel en lengua y matemática. Estas evaluaciones organizadas por el Ministerio de Cultura y Educación, con apoyo de créditos externos, fueron metodológica y teóricamente criticadas por diferentes especialistas en educación.
Otra recomendación de este organismo internacional fue que se creen normas generales que permitan regular el sistema educativo argentino, como consecuencia de ello es que se sancionan la Ley Federal de Educación Nº 24195 (1993) y la Ley de Educación Superior Nº 24521 (1995). Estas leyes han sido severamente criticadas por teóricos de la educación, constitucionalistas, docentes, gremialistas, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa.
En el caso de la Ley de Educación Superior las críticas se concentran en torno a dos grandes temas: los nuevos mecanismos de control externo para la evaluación y acreditación universitaria que limitan la autonomía de la Universidad y propician la competitividad; y el corrimiento del Estado en lo que respecta al financiamiento de la educación superior alentando la generación de recursos propios, el aporte externo y el arancelamiento.[13]
Las críticas a la Ley Federal de Educación están dirigidas a la ambigüedad de su texto, los aspectos pedagógicos, de gobierno administración y financiamiento del sistema se presenta en forma general, global, expresa intenciones y no constituye normas explícitas que redefinan claramente en proyecto orgánico de transformación del sistema. También se señala el refuerzo que hace la misma del principio de subsidiariedad, la disminución de la responsabilidad del Estado en materia educativa y la competitividad entre instituciones e individuos que genera.[14]
Junto con la sanción de las Leyes se produjeron cambios como el achicamiento y redefinición del Ministerio de Cultura y Educación lo que significa que el Poder Ejecutivo Nacional se desprende de la responsabilidad de sustentar escuelas, pero se ocupa del control político a través de nuevos organismos (como por ejemplo el Consejo Federal de Cultura y Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias.)
Se ofrecen programas ad-hoc para el financiamiento de proyectos específicos, todos con fondos del Banco Mundial (PRICE, PROFORM, PROFIDE, FOMEC) que obligan a las instituciones a salir a competir para obtener recursos adicionales; se favorece a las instituciones privadas, se privatizan instituciones públicas a través de los “costos compartidos”, se fomenta la búsqueda de los recursos propios y se busca el aporte de los individuos (especialmente en el nivel superior – universitario)
Otros fenómenos congruentes con lo anterior son los de la segmentación y diversificación del sistema educativo (se ofrece calidad y acceso distinto según el poder adquisitivo)
Teniendo en cuenta que los recursos económicos del estado son limitados el Banco Mundial recomienda que se invierta en proyectos de alta rentabilidad social (salud, educación, vivienda y obras públicas). Por tal motivo el Estado debe redistribuir los escasos recursos para combatir la extrema pobreza y para financiar la educación de los sectores más necesitados. Desde esta visión resulta necesario retirar el financiamiento de la educación superior (a la que no llegan estos sectores) para destinar los fondos a los niveles básico y medio. Se propicia la libre competencia económica y social dentro del sistema promoviendo la competencia entre regiones e instituciones.
Numerosas son las críticas a esta política, ya que a diferencia de lo que se plantea no solo acceden a la educación superior los hijos de las familias con mayores recursos sino que nuestro “optimismo pedagógico” de más de un siglo ha llevado a que los sectores medios y más populares tengan hoy un lugar dentro de este subsistema, del que quedarían excluidos si tuvieran que financiar su educación a través de aranceles o mecanismos similares, además estos jóvenes resignan horas de estudio para trabajar, es decir que no representan simplemente un “gasto” ya que ellos, al formar parte del proceso productivo, contribuyen a la economía nacional.[15]
Por otra parte la educación en todos sus niveles debe ser entendida como una inversión, no hay producción de conocimientos sin educación, no hay crecimiento económico sin producción de conocimientos por lo tanto, un Estado que se retire de su función de financiamiento de la educación superior está resignando su propio desarrollo autónomo.
Para terminar es necesario señalar que no es malo en sí tomar créditos del Banco Mundial o de otra agencia internacional, el problema radica en el uso que se le de a los recursos y las condiciones que se aceptan para obtenerlos.
Volviendo a la propuesta de Quiroga, un Estado inductor, pro- ciudadano, debería recuperar su rol activo en el mantenimiento y expansión de la educación en todas sus formas y modalidades, entendiendo que la misma es un lugar de encuentro entre las personas, de reconstitución de la política y de repolitización del ciudadano.
* Ficha para la cátedra Teoría de la Educación de la carrera Minoridad y Familia. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Septiembre 1999
[1] CAVAROZZI, MARCELO. El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina. HOMO SAPIENS EDICIONES. Rosario 1996
[2] Para ver estos conceptos consultar OSZLAK, OSCAR. La formación del Estado Argentino. EDITORIAL DE BELGRANO. Bs. As. 1985. FERNÁNDEZ, GRACIELA .Síntesis para la cátedra Teoría de la Educación (Minoridad y Familia) Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sep. 1997.
[3] TEDESCO, J. El nuevo pacto educativo. ED. ANAYA. Madrid 1995. / CARUSO, M. Y DUSSEL, I. De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para pensar la educación contemporánea.. Cap. V “Modernidad y escuela: los restos del naufragio”. KAPELUSZ. Bs. As. 1996.
[4] Para este tema consultar la obra de CIRIA Y SANGUINETTI. La Reforma Universitaria (partes 1 y 2) CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA. Bs. As. 1983.
[5] Para ampliar este tema ver TEDESCO, J. C.- BRASLAVSKY, C.- CARCIOFI, R. El proyecto educativo autoritario. Argentina 1976- 1982. FLACSO. MIÑO Y DÁVILA EDITORES. Bs. As. 1987
[6] QUIROGA, HUGO. Estado, política y mercado. Dimensiones del debate actual en la Argentina. Estudios Sociales Revista Universitaria Semestral N° 5. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 1993.
[7] QUIROGA, HUGO. Op. cit. Página 39
[8] QUIROGA, HUGO. Op. Cit Página 40
[9] QUIROGA, HUGO. Op. Cit Página 47
[10] PAVIGLIANITI, NORMA. Participación de los cuerpos colegiados de gobierno en el planeamiento y la evaluación. JORNADAS NACIONALES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. UBA 1994
[11] Este paradigma se analiza en CORAGGIO, JOSE LUIS. Desarrollo Humano, economía popular y educación. REI ARGENTINA. IDEAS AIQUE GRUPO EDITOR. Buenos Aires 1995
[12] Si bien el concepto de Estado Evaluador proviene de Guy Neave (1988) para este trabajo se tuvieron en cuenta las consideraciones que para el caso Argentino realiza CANO, DANIEL. Universidad, competitividad y hombres de negocios. Acerca de la historia de un modelo de Universidad en América latina. REVISTA ESTUDIOS SOCIALES. Año IV Nº 6 U. N. L. Santa Fe 1994. Y del mismo autor Evaluación institucional U. N. L. Santa Fe 1994
[13] Para este análisis crítico ver PAVIGLIANITI NORMA. Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la Universidad. NIÑO Y DÁVILA EDITORES. BS. AS. 1996
[14] Dentro de los teóricos de la educación que han realizado estas críticas se puede consultar a BARCO, S. Las orientaciones Pedagógicas de la Ley. REVISTA DE EDUCACIÓN DE SUTEBA 1993. Y BIANCHETTI, G. Una metamorfosis doctrinaria: los fundamentos neoliberales de la política actual. REVISTA ARGENTINA DE EDUCACIÓN Nº 21 JULIO 1994.
[15] El desarrollo de esta postura crítica se encuentra en HIDALGO, JUAN CARLOS. Financiamiento universitario. Una visión crítica al enfoque económico- utilitario. UNESCO. U. N. L. Santa Fe 1995.
