Por Francisco Lavolpe*
La pandemia de COVID-19 provoca daños de diferente magnitud según la región del planeta y la etapa de dispersión en la que se encuentra. A cuatro meses de su misteriosa y abrupta aparición ya lleva cerca de 2 millones de casos con 130.884 fallecidos en todo el mundo.
Europa se lleva hasta ahora la peor parte, con el 50% del total mundial de los casos oficialmente confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El continente americano registra el 36% del total mundial, donde más de la mitad corresponde a los Estados Unidos. El Asia Pacífico, región de origen de la pandemia, con el 7,5% del total de afectados, a pesar de la descomunal proporción de habitantes involucrados (más un tercio de los habitantes del planeta). Oriente Medio con un 5,6 % (con Irán y Turquía liderando los registros) y África con hasta ahora solo el 0,6% de los casos.
Su tránsito hacia las Américas se muestra algo irregular. Con marcada influencia sobre los canales comercial y turístico, esparció su manto de contagio y muerte especialmente en Estados Unidos y Brasil. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en apenas 24 horas, el continente americano registró 31.558 casos, con un saldo fatal de 2.986 fallecidos, 80% de los cuales pertenecen a los Estados Unidos (2.395 personas). Le siguen Ecuador, México y Perú.
Mientras tanto, el mundo, y la región en particular, enfrentan el dilema de la supervivencia en contexto de pandemia. ¿Cuál es la frontera entre la seguridad sanitaria y la supervivencia económica?; ¿cuánto tiempo resiste el actual patrón productivo en suspenso por las políticas de aislamiento o “cuarentena”?, ¿cuál será el impacto sobre la seguridad y el bienestar en el mediano plazo?
Los primeros resultados sugieren algunas reflexiones:
Primero, el estado sigue siendo el actor principal y el más importante, tanto en lo que hace a las políticas de protección sanitaria y de seguridad ciudadana como en los dispositivos de supervivencia económica, pública y privada.
Segundo, el liderazgo de los diferentes gobiernos de la región ha marcado claramente la diferencia al momento de fijar prioridades y asumir las consecuencias. Mientras algunos han soslayado el impacto sanitario privilegiando el funcionamiento económico, otros pusieron la vida antes que los negocios.
Por último, la militancia globalizadora de las instituciones de la cooperación se limita a contemplar atónita la refragmentación del mundo en estados autónomos. Frente a la crisis sanitaria, la Unión Europea, Estados Unidos y también América Latina, exhiben claramente esta condición.
Pero Estado no es lo mismo que Gobierno. La diferencia en la orientación de las políticas públicas y la capacidad de liderazgo marca diferencias entre los gobiernos de la región. Después del desastre sanitario de los Estados Unidos (consolidando su estatus de ex potencia hegemónica), le siguen Brasil, Ecuador, México y Perú. Una región que, mientras luchaba contra la pobreza y la desigualdad, ya tenía viejos huéspedes como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y el dengue, que continúan formando parte de nuestro entorno social.
La presente pandemia expone la miopía de algunos, la mezquindad de otros y la grandeza de muchos. La miopía de quienes no pueden ver que la realidad no reconoce la frontera entre lo económico y lo político, entre el Estado y el Mercado. En la vida real su destino va unido como las caras de una misma moneda. La mezquindad de quienes quieren continuar acrecentando su riqueza a costa del otro y no en beneficio del conjunto. Y la grandeza de la mayoría del pueblo, que en la desgracia y aún en la penuria, sobrevive, pone el hombro y confía en las instituciones del Estado, antes que golpear cacerolas o abrir las puertas del infierno.
Marco Tulio Cicerón escribió que «La salud de las personas debe ser la ley suprema» para el gobernante. El padre intelectual del estado moderno, Thomas Hobbes retoma a Cicerón cuando propone Salus Populi suprema lex, (la salud del pueblo es la ley suprema). “Salus”, palabra latina que sintetiza los principales intereses humanos; salud, bienestar y seguridad. Allí decía que “Todos los deberes de los gobernantes se encierran en este único: la ley suprema es la salvación del pueblo”. Un principio que sigue vigente y debería inspirar a algunos jefes de estado de nuestra América Latina.
*Francisco Lavolpe es Periodista, Especialista en economía política internacional; MBA; Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y profesor titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ y los departamentos de Derecho y Ciencias Políticas y Humanidades de la UNLaM.
