En el marco de la semana de #NiUnaMenos, dialogamos con Ariadna Rapoport, Subsecretaria de Extensión de la Facultad de Derecho, sobre el acceso a la Justicia de las mujeres en situación de violencia. Hay muchas barreras institucionales sobre las que se debe trabajar, “también con los agresores, es necesario crear programas que aborden las masculinidades”, destaca.
-¿Cómo evaluás el acceso a la Justicia para las mujeres?
-Las mujeres solemos enfrentar una serie de obstáculos para acceder a la Justicia. Algunos problemas resultan estructurales y otros están asociados con los prejuicios y estereotipos que muchas veces van acompañados de la ausencia de formación específica en perspectiva de género, esto trae aparejado que mujeres no realicen la denuncia de hechos de violencia por temor a ser juzgadas y re victimizadas, producto de la falta de capacitación tanto de los agentes de la fuerza de seguridad como los operadores de la justicia. Esto produce una sensación de desconfianza de la mujer en situación de violencia hacia la administración de justicia.
-¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan?
-Nos encontramos con variadas realidades, desde la mujer que no tiene los recursos económicos para afrontar ningún tipo de gasto, como pagarse un pasaje en colectivo para ir a realizar una denuncia a la comisaría o ir a los tribunales, menos aún para contratar unx abogadx particular. Un informe de ONU Mujeres, nos revela una serie de obstáculos que las mujeres y sus familias se encuentran para acceder a la Justicia, entre ellos, las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de la denuncia, negligencias e irregularidades a la hora de la recolección de pruebas, la falta de protocolos y criterios unificados para la actuación, el desconocimiento por parte de la comunidad de los servicios que nos provee el estado, falta de unidades especializadas en la temática y la falta de acompañamiento de las mujeres en situación de violencia durante toda la ruta crítica.
-¿Qué significa que la Justicia tenga “perspectiva de género”?
-Primero debemos definir a qué nos referimos con perspectiva de género, y esto es una forma de ver, analizar e interpretar la realidad, que nos permite identificar cómo se construyen las relaciones de género en una sociedad, los roles y estereotipos que son predominantes. Es una herramienta de análisis que nos permite observar cómo las desigualdades de género influyen en las oportunidades para hombres y mujeres.
Que la justicia tenga perspectiva de género, significa que lxs operadorxs puedan tener una mirada integral e interdisciplinaria que permita identificar los aspectos desiguales que enfrentamos las mujeres cotidianamente. La perspectiva de género debe estar presente en todas las prácticas, medidas, investigaciones judiciales. Desde la recepción de la denuncia en la comisaría hasta el dictado de la sentencia y la ejecución de la misma.
-¿Cuáles son las reformas prioritarias para empezar a solucionar este problema?
-Nuestro país cuenta con un gran marco normativo relacionado a la temática de violencia de género pero esto no es suficiente ya que su aplicación se ve restringida por motivos presupuestarios, infraestructura y falta de capacitación de todo el personal interviniente de la Justicia y fuerzas de seguridad, logrando que muchas de estas normas no se apliquen. Es una realidad que una ley por sí sola no modifica de fondo nuestra conducta, debemos trabajar fuertemente para realizar transformaciones culturales y sociales que nos permita romper el esquema de una sociedad machista y patriarcal.
-Claro, ese es un cambio más profundo.
-Debemos repensar maneras prácticas y creativas para poder llevar información y servicios a las mujeres en situación de violencia permitiendo así llegar a lugares que actualmente se dificulta el acceso. Uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es la capacitación en género de forma permanente de lxs agentes que integran el Poder Judicial, desde lxs funcionarixs del más alto nivel hasta lxs empleadxs. Cuando hablamos de funcionarixs, debemos hacer especial hincapié en incluir la perspectiva de género en la elección de lxs magistradxs. Los organismos del Estado en conjunto con la justicia, deberían trabajar con la víctima de violencia, fortaleciendo su autoestima, empoderando a las mujeres para que pueda comprender la situación de subordinación en la que se encuentra y pueda salir de la situación de violencia en la que se encuentra.
Se debe trabajar también con los agresores, es necesario crear programas que aborden las masculinidades y que estos realicen talleres de concientización, sensibilización y re sociabilización a fin de prevenir nuevas situaciones de violencias.
La justicia debe dictar medidas que garanticen la efectiva protección de la víctima, como así también observar el cumplimiento de las mismas.
